Me adhiero al texto del «Proyecto de la ley de regulación y difusión de la lengua de signos catalana», para que las personas usuarias puedan ejercer individual y colectivamente los derechos de su ciudadanía.

El proyecto de ley que lo desarrolla reconoce las aspiraciones fundamentales de las personas usuarias de la lengua de signos catalana y de las familias de niños sordos que escogen esta opción para sus hijos. De este modo todos ellos pueden ver reconocidos sus derechos lingüísticos. Este texto legal dignifica y protege una lengua minoritaria y recoge las recomendaciones expresadas sobre este tema por el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas.

Las personas sordas signantes, que son una parte de las personas sordas, son bilingües en las lenguas orales del entorno en que viven y en lengua de signos. El uso y aprendizaje de la LSC se añade al aprendizaje del castellano y del catalán, tal como establecen las legislaciones catalanas y españolas. El acceso a la información y a los servicios públicos para todas las personas sordas debe estar garantizado en el Código de Accesibilidad actualmente también en trámite y que defendemos con la misma firmeza.